En medio de un clima de creciente tensión, los familiares del imputado que enfrenta cargos por un supuesto delito han expresado su total desacuerdo con la decisión judicial que dictó cuatro meses de detención preventiva en lugar de los seis solicitados por la fiscalía. La resolución, que ha generado una fuerte controversia, ha sido cuestionada por quienes acompañan al acusado, quienes aseguran que la situación refleja una presión política sobre el juez encargado del caso.
Uno de los familiares del imputado, visiblemente afectado por la decisión, expresó: «Quiero estar en el lugar del juez. Presumo que hay una presión hasta política, me da pena cómo está la justicia. Le dieron cuatro meses de detención preventiva. ¿Cómo es posible que un juez va a decir que no tienes trabajo?», cuestionó, refiriéndose a la resolución en la que se menciona que el imputado no tiene empleo, a pesar de que en la imputación se señala que es militar.
El denunciante recordó que el detenido fue arrestado en el regimiento Rangers Satinadores de Selva, donde se encontraba desempeñándose como militar, y que, además, habían presentado fotocopias de su carnet militar Cosmil, que acreditan su condición como miembro de las Fuerzas Armadas. A pesar de ello, el juez habría considerado que los documentos presentados no eran suficientes, lo cual fue calificado como una violación al procedimiento legal vigente.
«¿Cómo va a decir que no tiene trabajo? Hemos acompañado sus fotocopias justamente de carnet militar Cosmil, que acreditan que es militar. Pero en su resolución también ha hecho que nosotros deberíamos acreditar, lo cual está prohibido por el procedimiento», continuó, reiterando su desacuerdo con la decisión judicial.
La familia también expresó que la solicitud de detención preventiva fue una medida exagerada, señalando que la fiscalía había solicitado inicialmente seis meses de prisión preventiva, pero que el juez optó por una resolución de cuatro meses, lo cual consideraron como un intento de calmar la situación. Sin embargo, a pesar de la reducción de la pena solicitada, los familiares del imputado mantienen su postura crítica: «No estamos de acuerdo. Hemos apelado, señores jueces, hagan su trabajo. ¿Por qué tan cobardes? Hagan su trabajo en derecho», dijeron, refiriéndose al tribunal que revisará el caso.
La familia también señaló que la resolución del juez refleja una presión «increíble» sobre su decisión, lo que generó la acusación de que la carga de la prueba ha sido puesta de manera equivocada sobre los acusados, en lugar de ser responsabilidad del sistema judicial. «Es increíble la presión que ha sentido el señor juez, pienso yo, presumo», concluyó, haciendo un llamado a que se respete el debido proceso y los derechos del acusado.
Este caso sigue siendo un tema de debate público, ya que toca cuestiones sensibles sobre la imparcialidad y la independencia judicial, y ha desatado cuestionamientos sobre la influencia de factores externos en las decisiones judiciales.