En un documento firmado en La Paz, las organizaciones acusan al Gobierno de sumir al país en una “quiebra económica” y de responder con “represión brutal” a las protestas sociales que exigen solución a la crisis de combustibles, medicamentos, dólares y alimentos.
Las organizaciones declaran duelo nacional por las muertes ocurridas en Llallagua (Potosí) y Arque (Cochabamba), donde, según denuncian, se utilizó armamento letal contra movilizados. También exigen una investigación internacional sobre los hechos violentos.
“El gobierno de Luis Arce ha instruido represión militar y policial con armamento nunca antes visto”, señala el instructivo, que también pide la liberación de presos políticos, incluidos dirigentes de la CSUTCB y la CSCIOB.
Asimismo, el Pacto de Unidad elige a la Asamblea Legislativa no aprobar más créditos internacionales y llama a movilizaciones en defensa de los recursos naturales como el litio y los hidrocarburos.
Las organizaciones acusan al presidente Arce de ser “incapaz, hambreador y asesino del pueblo”, y advierten que continuarán con cacerolazos, marchas y protestas urbanas hasta que el mandatario renuncie.
Denunciaron la rearticulación de grupos paramilitares como la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista, acusándolos de coordinarse con el gobierno para perpetrar atentados contra sedes sindicales y políticas, y responsabilizaron a funcionarios públicos de la creación de nuevas milicias, citando el atentado contra la activista Wilma Alanoca en El Alto.
Paro rechazado por la población
Desde hace dos semanas diferente sectores sociales afines al expresidente Evo Morales, mantienen un bloqueo de caminos, en especial en la región de Cochabamba. Pero una mayor parte importante de la población boliviana expresa un claro rechazo a las movilizaciones y bloqueos que afectan la circulación vial y la economía diaria.
Ciudadanos de distintas regiones manifiestan su molestia por los perjuicios ocasionados, como la escasez de productos, el aumento de precios y la interrupción de actividades comerciales y laborales. Muchos consideran que las protestas, en lugar de ofrecer soluciones, agravan la crisis económica y afectan principalmente a las familias más vulnerables.
Además, sectores sociales y económicos alertan sobre el impacto negativo que estas movilizaciones generan en la estabilidad del país, señalando que los bloqueos prolongados dificultan la distribución de combustibles, alimentos y medicamentos esenciales.
Fuente: El Deber