Ante el alarmante incremento de accidentes de tránsito en Bolivia, el gabinete ministerial aprobó este miércoles un anteproyecto de ley que modifica los artículos 261 y 262 del Código Penal, con el objetivo de endurecer las sanciones para quienes causen siniestros viales, especialmente bajo influencia del alcohol o drogas. La propuesta ya fue enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento.

“Hoy en gabinete de ministros se ha aprobado un anteproyecto de ley que endurece las penas por delitos derivados de accidentes de tránsito. Esta normativa responde a una demanda social y busca frenar la impunidad que rodea muchos de estos casos”, informó en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

La iniciativa propone una escala diferenciada de sanciones según la gravedad del daño ocasionado. Actualmente, una persona que causa la muerte o lesiones graves puede recibir entre uno y tres años de prisión, lo que permite acogerse al perdón judicial y evitar la cárcel. Con la nueva ley propuesta, las penas se incrementan notablemente.

Por ejemplo, si el accidente provoca la muerte y el conductor estaba bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, se enfrentará a penas de entre cinco a diez años de prisión, además de la inhabilitación definitiva para conducir. Las lesiones graves o gravísimas cometidas en estas condiciones serán sancionadas con reclusión de cuatro a ocho años.

Cambios claves

Lesiones graves: 1 a 3 años de cárcel

Lesiones gravísimas: 2 a 4 años

Muerte de una o más personas: 3 a 5 años

Si hay consumo de alcohol o drogas:

Lesiones: 4 a 8 años

Muerte: 5 a 10 años

Omisión de socorro (art. 262): sube de 2 a 5 años, con agravantes si ocurre en zonas deshabitadas.

El endurecimiento legal se da en un contexto preocupante. Según datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana, entre 2023 y 2024 las muertes por accidentes de tránsito aumentaron un 15,38%, pasando de 1.515 a 1.748 fallecidos. En el mismo periodo, los heridos subieron de 15.051 a 15.817, es decir, un incremento del 5,09%.

El diagnóstico del Ministerio de Gobierno también revela que el 61% de los accidentes tienen como causa la imprudencia del conductor (uso del celular, exceso de velocidad y maniobras indebidas), y el 5,1% está directamente relacionado con el consumo de alcohol o drogas.

Ríos subrayó que la ley forma parte de una estrategia más amplia que incluye campañas educativas como “Conducción Segura” y “Seguros al Volante”, dirigidas a jóvenes en colegios y universidades.

“Esta norma no puede convertirse en una iniciativa más que quede paralizada. Nuestros legisladores tienen que devolver la confianza al pueblo que los eligió. No podemos seguir permitiendo que la irresponsabilidad detrás del volante siga cobrando vidas sin consecuencias ejemplares”, concluyó el ministro.

El país ahora espera que la Asamblea acelere el tratamiento de esta propuesta, que apunta a marcar un antes y un después en la lucha contra la impunidad vial.

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